En la noche del 24 de agosto de 1980 tres jóvenes orinan en un bancal al lado del cuartel de la Guardia Civil de Feria (Badajoz). Son las fiestas y hay que hacerlo donde se pueda. Dos de ellos terminan y vuelven al jolgorio. Uno tiene necesidades mayores y se demora. Un guardia, que ha oído ruidos, sale del cuartel y le dispara a bocajarro con un fusil cetme, matándolo. El guardia era Juan Martínez Piriz, cabo de la Guardia Civil, y la víctima, Joaquín Mendoza Ladera, de 17 años, hijo de emigrantes en Cataluña.
Durante veinticuatro horas se ocultó lo que había ocurrido y en los días siguientes se urdieron historias fantasiosas como versión oficial para exculpar al guardia: que si los jóvenes habían apedreado el cuartel, que si hubo amenazas un año antes del grupo terrorista GRAPO, que si el joven había contestado con un desplante al alto del guardia… El caso duró dieciséis años. Fue uno de los últimos juzgados por la jurisdicción militar, en tres consejos de guerra, en los que fue absuelto el acusado, pero que acabaron anulados, y —tras un recurso al Tribunal Constitucional y el cambio en la legislación procesal española— pasó a la civil. Finalmente, el guardia fue condenado por imprudencia temeraria a seis meses y un día de prisión menor, y el Estado condenado con carácter subsidiario a pagar una indemnización a la familia.
Muchos, jóvenes entonces, recordamos los hechos. En Feria no se han olvidado y Manolo Cañada se preocupó en agosto de 2018 de mantenerlos vivos en un artículo publicado en varios medios y que luego recogió en su libro “Otra Extremadura”. Ahora es José Luis Galache Cortés, quien fuera —junto al fallecido Agustín Menaya— abogado de la acusación particular contra el guardia y años después diputado del PSOE, el que publica el libro “Transición: el caso Feria” (Diputación de Badajoz, 2022), que se ha presentado días atrás tanto en Badajoz como en Feria. En él, a partir de su testimonio personal y de la numerosa documentación jurídica, desgrana todos los pormenores del caso. La obra tiene el carácter de una reivindicación y el valor de una fuente. Como tal hay que leerla, aunque no sea una narración literariamente brillante y el autor anonimice —sin que se me ocurra una razón plausible para hacerlo cuando se trata de hechos juzgados— a la mayoría de sus protagonistas.
El crimen de Feria del 24 de agosto de 1980, ocurrido casi medio año exacto antes del golpe militar del 23 de febrero, es uno de esos sucesos que esclarece la impunidad con que procedieron algunos elementos de los aparatos del Estado durante la Transición y justifica que el concepto de memoria histórica no deba reducirse a los años de la guerra y la posguerra.
